18 de enero de 2008

Esperanza regala suelo a constructores

Las personas que habitamos en la Comunidad de Madrid venimos padeciendo desde hace ya demasiado tiempo gobiernos de la derecha que han venido mermando nuestros derechos y calidad de vida hasta llegar a limites poco imaginables. Hace ya cinco años cerquita estuvimos de recuperarnos de este, ya demasiado largo, bache con un gobierno de la izquierda plural que fue frustrado por un golpe de estado de guate blanco promovido por los intereses inmobiliarios.



Después de aquel duro golpe vino el peor, vivir cuatro años bajo el duro pie de la derecha más reaccionaria en lo social y más liberal en lo económico que se ha visto en este estado y en parte de Europa, más duro ha sido volver a ver como Esperanza Aguirre se hacía de nuevo con la presidencia de la Comunidad en los últimos comicios.



Durante este largo tiempo el desmantelamiento de lo público, el avance de la iglesia y, lo más preocupante, la especulación urbanística sin freno han sido la tónica diaria de la prensa regional. En este tiempo nos hemos acostumbrado a ver a la presidenta defender la importancia de que el mercado regule todo tipo de acciones políticas y la obligación del estado de velar única y exclusivamente por la libertad que ha de regir ese mercado, huyendo de intervencionismo alguno que asegurase, por ejemplo, una educación pública de calidad, una sanidad pública acorde con la población de la región y el nivel profesional de los sanitarios y en definitiva, un compromiso de la administración pública por cumplir con el mandato constitucional de asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.



Durante los últimos cuatro años, el motor de un mercado inmobiliario sin freno ni medida ha marcado la política y la vida en esta comunidad, fruto de ello imposibilidad de acceder a la vivienda, precariedad laboral y un largo etcétera que no han hecho sino reducir la calidad de vida de la ciudadanía y enriquecer las sacas de los grandes promotores y constructores. Ahora que el merado se desacelera, que urge buscar modelos económicos sostenibles, que urge intervenir en materia de vivienda para asegurar la emancipación y que todo ello solo debe redundar negativamene en los ingentes beneficios de las grandes constructoras, nuestra presidenta decide regalarle suelo público a las constructoras, no habrá mejor acceso a la vivienda, no habrá bajada de precios, y por supuesto no habrá perdida de ganancias de los tiburones urbanísticos.



En definitiva una vergüenza, eso si, la presidenta seguirá defendiendo que no hay que intervenir desde los poderes públicos en la libertad del mercado, al menos, no para beneficiar a la población propietaria legal del suelo público y de los beneficios que éste genera, aunque si se interviene para que la empresa privada siga haciéndose de platino, en palabras de Burón, eso tiene un pase.

1 comentario:

  1. Hilario Ideas2:10 p. m.

    ¿No piensas que la única solución al problema de la vivienda es más suelo urbanizable, teniendo en cuenta que el 97% del suelo español está yermo, vacío o esperando la cotización del kilo de concejal?

    Estados Unidos es uno de los mercados inmobiliarios más baratos del mundo occidental. Te sorprenderías al descubrir que una casa de tres dormitorios con aire acondicionado en Texas, podría estar en manos de cualquier hijo de vecino por 30.000 dólares. Pero si eso es mucho podemos hacernos con un dúplex prefabricado con un par de acres de terreno por 6.000 dólares menos. Estados Unidos es prácticamente el país desarrollado donde más barato resulta comprar una bonita casa con un gran patio para criar una familia. He aquí una de las razones por las que es una de las escasísimas naciones occidentales con una tasa de fertilidad saludable.

    Sin embargo, la ley del suelo española favorece lo peor de la condición humana y política, en cuanto a corrupción.

    Me temo que la cosa tiene difícil remedio político, no social. La Ley del Suelo es nefasta, y el Constitucional impidió una reforma a fondo. Otra hazaña de Pujol, por cierto.
    Dado que la ley permite que se decida dónde puede construirse y dónde no de forma arbitraria, lo normal es que se acaben comprando esas decisiones o, más concretamente, a quienes las toman. Mientras eso continúe siendo así, casos como el de Marbella, Islas Baleares o el de Ciempozuelos seguirán apareciendo periódicamente en los telediarios
    La facultad de recalificar suelo es, con mucho, la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, la principal fuente de corrupción en la vida política española y, para qué engañarnos, también una de las principales fuentes de financiación ilegal de los partidos políticos. Si de verdad se quieren evitar episodios como el de Marbella y regenerar la vida política, es necesario abordar de una vez la liberalización del suelo –abortada, por desgracia y como he comentado, por el Tribunal Constitucional– y la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Mientras no se aborden esos asuntos, la corrupción urbanística seguirá manchando la democracia española.
    No estaría tampoco de más reducir el número de oportunidades que, de manera estructural, se brinda a la corrupción en todos los ayuntamientos, tal y como sucede en las recalificaciones de suelos o en las adjudicaciones de obras.
    La liberalización del suelo y un mayor control y rigor normativo en los concursos públicos no sólo abarataría las cosas, sino que reducirían las corruptas tentaciones que siempre acechan a la discrecionalidad y a la falta de transparencia.

    hilarioideas@hotmail.com

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